Por Rosa Iris Luciano
Hace unos días escuché a una periodista plantear una propuesta que de inmediato generó controversia: que el Estado llevé un mayor control sobre las mujeres que dan a luz, evaluando sus condiciones de vida, su capacidad económica y el entorno en el que crecerán sus hijos. La idea surgió a raíz de una mujer que acudió a un programa de televisión pidiendo ayuda para mantener a sus diez hijos porque, sencillamente, ya no puede hacerlo sola.
Como era de esperarse, la propuesta despertó indignación en muchos sectores. Sin embargo, más allá de estar de acuerdo o no con la forma en que se expresó, el debate de fondo merece ser analizado.
No se trata de un caso aislado. Con frecuencia vemos personas solicitando ayuda al presidente, a los alcaldes, a legisladores o a instituciones públicas porque tienen cinco, siete, diez o más hijos que no pueden mantener. En muchos de esos casos, los padres están ausentes o se niegan a asumir su responsabilidad, dejando toda la carga sobre una madre que apenas logra sobrevivir.
Durante años me he preguntado cuál es la necesidad de traer tantos niños al mundo cuando no existen las condiciones mínimas para ofrecerles una vida digna. Sé que esta opinión puede incomodar a muchos y que algunos me acusarán de insensible, pero también creo que debemos tener la valentía de discutir temas que afectan directamente el futuro de nuestra sociedad.
Nos han repetido durante generaciones frases como «donde come uno, comen dos» o «los muchachos se crían como quiera». Son expresiones que quizás tuvieron sentido en otros tiempos, pero que hoy chocan con una realidad cada vez más compleja. Criar un hijo no consiste únicamente en darle comida. También implica garantizar educación, salud, atención emocional, seguridad y oportunidades de desarrollo.
Por eso considero que debemos cambiar la forma en que concebimos la maternidad y la paternidad. Tener hijos no debería verse como una obligación social ni como una garantía de compañía para la vejez. Tampoco debería ser una decisión tomada bajo la presión de quienes repiten que «los hijos son la verdadera familia» o que «alguien tiene que cuidarte cuando seas viejo».
La realidad es que cuando una familia crece más allá de sus posibilidades, quienes terminan pagando las consecuencias son los niños. Son ellos quienes abandonan la escuela para trabajar, quienes crecen en condiciones de vulnerabilidad o quienes repiten el mismo ciclo de pobreza que vivieron sus padres.
También vemos con frecuencia niñas adolescentes que deberían estar disfrutando su infancia y su etapa escolar, pero terminan embarazadas porque han crecido escuchando que la maternidad temprana es normal o porque simplemente están reproduciendo patrones familiares que nunca fueron cuestionados.
Y mientras la sociedad impulsa a muchas personas a tener hijos sin planificación, es esa misma sociedad la que luego señala y condena cuando esos niños crecen en condiciones difíciles, se involucran en conductas delictivas o terminan atrapados en relaciones marcadas por la violencia y la dependencia.
El reciente caso de una madre que no se percató de que sus hijas de 12 y 13 años estaban embarazadas hasta que el embarazo era evidente demuestra que existen hogares donde las carencias no son solamente económicas, sino también de supervisión, orientación y acompañamiento. Y como ese caso, existen muchos más que rara vez llegan a los titulares.
No estoy planteando que el Estado decida quién puede o no puede tener hijos. Eso abriría un debate ético y legal extremadamente delicado. Pero sí creo que es momento de fortalecer la educación sexual, la planificación familiar y las políticas públicas que promuevan una maternidad y una paternidad responsables.
Porque traer hijos al mundo es un derecho, pero también una enorme responsabilidad. Y cuando esa responsabilidad se ignora, las consecuencias no las sufren los adultos que tomaron la decisión, sino los niños que nunca tuvieron la oportunidad de elegir las condiciones en las que nacieron.
